Mar 20, 20239 min read

Cuando las leyes antiaborto matan: las centroamericanas que están abriendo el camino

Las muertes de la salvadoreña Manuela, la dominicana Esperancita o la nicaragüense Amelia son los antecedentes del caso ‘Beatriz vs El Salvador’ que la Corte IDH analiza este miércoles y que podría obligar a ese país, uno de los más restrictivos de la región, a cambiar su legislación sobre el aborto

Beatriz tenía apenas 21 años, un hijo de nueve meses y muchas dificultades económicas cuando le detectaron lupus. Un año después, en marzo de 2013, se enteró de que estaba embarazada por segunda vez en la sala de urgencias de un hospital salvadoreño. Al hacerse las primeras ecografías,hasta 15 médicos le recomendaron abortar ya que el feto estaba creciendo sin cráneo ni cerebro y el embarazo debilitaría aún más su delicada salud. De llegar al parto, no sobreviviría. Pero, en uno de los cinco países de América Latina y el Caribe donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, a la mujer le resultó muy complicado acabar con el embarazo que ponía en riesgo su vida. En El Salvador y, a pesar de los avisos, a Beatriz todos le dieron la espalda: el Estado, los sanitarios y la justicia. Y pese a que finalmente intervino el sistema interamericano de justicia ya era demasiado tarde. El resultado fue irreparable: la muerte evitable de una joven, un niño que hoy tiene diez años huérfano y toda una familia a la que le cambió la vida. La legislación, sin embargo, sigue intacta.

La Constitución salvadoreña no permite la interrupción del embarazo bajo ningún supuesto alegando que la vida empieza en la concepción. Según el Código Penal de ese país, las mujeres que abortan voluntaria o involuntariamente son asesinas. “Mataniños”, les dicen en la calle y en la cárcel a las acusadas de aborto, entre quienes están mujeres que han sufrido emergencias obstétricas. Las penas llegan a los 50 años para ellas y 12 años para los médicos que las ayudan. “En el caso de la Justicia”, murmura por teléfono Humberto, hermano de Beatriz, “ellos simplemente priorizaron la vida del feto antes que la de mi hermana”.

Pese a la prohibición total, la historia de Beatriz conmovió a parte de un país que lleva décadas peleando por los derechos sexuales y reproductivos de la mitad de la población. En 2013, su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la mano de los abogados de laAgrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ipas y la Colectiva Feminista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) obligó al Estado a facilitar su aborto. Beatriz logró interrumpir su embarazo 81 días después de la petición, pero su cuerpo no resistió a la enfermedad que ya padecía y que según los médicos se vio agravada por el embarazo. El 8 de octubre de 2017 la mujer falleció tras un leve accidente de tránsito por su debilitadísima condición física.

“Espero que mi ejemplo sirva para que otras mujeres no pasen por lo que yo sufrí”, escribió Beatriz en una carta a mediados de 2013. Este miércoles, su deseo podría empezar a hacerse realidad. La Corte IDH llevará a cabo la primera audiencia de un caso histórico: Beatriz vs El Salvador en el que por primera vez el máximo órgano de justicia de la región discute los graves impactos de la penalización absoluta del aborto en el país centroamericano. El fallo podría agrietar una de las legislaciones más restrictivas del mundo y sentar un precedente para los otros cuatro países de América Latina que aún condenan a mujeres por abortar:Nicaragua, República Dominicana, Haití y Honduras.

“En Centroamérica vivimos una regresión de los derechos humanos de las mujeres. El resurgir del conservadurismo y el autoritarismo implica una enorme pérdida de derechos. Y los primeros en caer siempre son los nuestros”, afirma, en declaraciones a América Futura, Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL. “Estamos ante un momento clave para la vigencia de nuestros derechos”.

Su historia es la última en una larga sucesión de mujeres que también se enfrentaron a Goliat. Manuela, en El Salvador, Esperancita, en República Dominicana, Amelia, en Nicaragua, o Ana y Aurora, en Costa Rica. Todas ellas perdieron su vida o su salud mental por legislaciones draconianas que les impidieron decidir sobre sus cuerpos. La Corte IDH tiene en sus manos la historia de muchas como ellas.

Estos son sus casos:

“El Estado le falló”

Manuela, El Salvador. Murió en la cárcel con 33 años.

Manuela murió en la cárcel el 30 de abril de 2010. Dos años antes, había sido condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. La llevaron presa por haber sido víctima de una emergencia obstétrica en la letrina de su humilde casa en una zona rural de El Salvador. La denunciante, la médica a la que acudió a pedir ayuda, declaró que se había provocado ella misma el aborto para esconder una infidelidad. Su caso se llevó a la Corte IDH y esta emitió un fallo histórico. “La Corte rescata que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”, dijo el tribunal. Si bien la sentencia no tuvo como centro del debate el derecho al aborto, puso el foco en la persecución que sufren las mujeres incluso cuando involuntariamente sufren uno. Así se empezó a agrietar el blindaje de la penalización absoluta en la región.

Desde la decisión de la doctora en adelante, todos violaron los derechos de Manuela. Se ignoró el secreto profesional médico, se priorizó un interrogatorio policial a pesar de que seguía convaleciente, se la esposó a la camilla durante varios días, pidieron a los padres —que, como Manuela, no sabían leer ni escribir— que firmaran un testimonio en contra de su hija, la policía y los abogados que acudieron al hospital la tildaron de “mujer ligera”...

“Toda la cadena de ayuda del Estado le falló. Y, además, su juicio estuvo plagado de estereotipos de género”, explica Fernanda Vanegas, directiva asociada de Incidencia y Relaciones Externas en el Centro de Derechos Reproductivos, el equipo litigante del caso. La sentencia de la Corte IDH de 2021 ordenó a regular el secreto profesional médico, a desarrollar un protocolo para atender la atención de emergencias obstétricas, a capacitar a los sanitarios y a crear un plan integral de educación. Un año después, El Salvador ha puesto en marcha “tímidamente” apenas los dos primeros puntos. “Los protocolos no son perfectos pero están, ya existen. Hay otras consideraciones sobre qué tanto son difundidos, pero están bajo otras medidas pendientes”.

Otro de los grandes hitos del litigio fue que el tribunal reconociera que los procesos judiciales estuvieron sesgados por el hecho de que Manuela era mujer. Así, la Corte IDH instó a que se formara a los magistrados para que se deshicieran de estos estereotipos de género “que suelen elaborar los jueces y fiscales acerca de lo que consideran un comportamiento apropiado de las mujeres”.

La Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico ha identificado al menos a otras 140 mujeres en los últimos 20 años como víctimas de persecución por emergencias obstétricas. Rosita fue la última en salir de la cárcel por un caso similar, fruto además de una violación. Aún quedan otras seis mujeres entre rejas.

“Pusieron por delante la vida de un feto que la de mi hija”

Esperancita, República Dominicana. Murió con 16 años.

Hace 11 años que doña Rosa se levanta y se acuesta sintiendo el peso del otro lado de la cama vacía. El 2 de julio de 2012, Rosaura Almonte Hernández, conocida como ‘Esperancita’, acudió al médico por altas fiebres y le dieron dos diagnósticos: embarazo de siete semanas y “un problema grave en la sangre”. Semanas después supieron que era leucemia linfoblástica aguda. Necesitaba quimioterapia urgente y, sin embargo, se le negó porque su tratamiento no era compatible con la vida del feto. El 17 de agosto, 46 días después de su hospitalización, sufrió un aborto espontáneo y un paro respiratorio que acabó con su vida. “Pusieron por delante la vida de un feto que la de mi hija. A mi hija la mataron. La mató el Estado dominicano”, cuenta mediante una videollamada doña Rosa, quien perdió a su única hija.

El caso de Esperancita dio la vuelta al mundo y visibilizó la situación de un país que no les garantiza a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos. Hace apenas dos meses que la reforma del Código Penal dejaba atrás nuevamente una de las principales peticiones sociales del país caribeño: que el aborto se permita cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el feto tiene una condición incompatible con la vida o cuando el embarazo sea fruto de una violación o incesto; lo que se conoce por las tres causales. Sin embargo, salió adelante igual que hace 139 años que se redactó: llamando homicidas a quienes interrumpen el embarazo.

“Cuando el aborto es penalizado, es difícil conocer con exactitud historias como las de Esperancita. Como las mujeres se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros por fuera del sistema de salud, hay un enorme subregistro. Muchas pueden morir o tener complicaciones de salud y no nos enteramos”, explica Marcia Aguiluz, directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide. “Es necesario que discutamos el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con base en la evidencia, no en opiniones”, zanja.

Doña Rosa interpuso dos procesos en República Dominicana: una denuncia penal por la negligencia médica y otra en sede contenciosa-administrativa para que se declare la responsabilidad del Ministerio de Salud al no regular adecuadamente el hospital que atendió a Esperancita y asegurar la atención que ella necesitaba. La primera demanda sigue impune y, en el último caso, ante dos rechazos iniciales, se encuentra en espera para ser resuelto en la Corte Suprema. Además, el caso fue recientemente admitido para ser valorado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “En mi país me ignoran. Pero si tengo que ir país a país contando lo que le hicieron a mi hija, lo voy a hacer. Se tiene que hacer justicia. Necesito que alguien lo reconozca”, cuenta.

“Le dijeron que [el embarazo] era compatible con la quimioterapia”

Amelia, Nicaragua. Muere con 28 años.

En 2007, Nicaragua dio un paso hacia atrás en materia de derechos sexuales de la mujer al incluir en la reforma del Código Penal la interrupción del aborto como delito. Dos años después, Amelia encarnó ese enorme retroceso jurídico, en un caso muy similar al de Esperancita. Le diagnosticaron un embarazo y un cáncer que requería quimioterapia urgentemente. Después de varias negativas del Estado a que accediera al tratamiento, y solo tras la rápida intervención de la CIDH, pudo recibir la medicación para su enfermedad, con una condición: que llevara a cabo su embarazo ya que ambos eran “perfectamente compatibles”.

El propio ministro de Salud de entonces, y actual responsable de la cartera del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Guillermo González anunció que él mismo sacaría de su bolsillo el dinero para esos “medicamentos especiales” traídos de Europa. Siete meses después de acceder al tratamiento sin más información que el eco de los medios de comunicación sobre el caso, y con una inestable y precaria atención médica, tuvo un aborto espontáneo en su casa y falleció con 28 años, dejando huérfana a una niña de 11.

“La obligaron a seguir con el embarazo porque le mintieron”, explica por videollamada Mayte Ochoa, feminista nicaragüense y parte del equipo latinoamericano de IPAS. “Violaron todos sus derechos. No la dejaron decidir, entorpecieron la conversación con sus abogadas y otras organizaciones feministas, le negaron la atención médica y cuando se la dieron lo hicieron mal... También la infantilizaron dándole información falsa”, dice. El caso de Amelia fue el primero de la región en recibir medidas cautelares de la CIDH. “Es un precedente claro y un ejemplo de que los Estados hacen todo lo posible por ignorarlas. En escenarios similares solo el sistema interamericano ha hecho espacio para la justicia”.

“Aunque exista el aborto terapéutico, en la burocracia se pierde”

Ana y Aurora, Costa Rica. Ambas sufren aún graves problemas de salud mental.

Si bien la gran mayoría de la región ha despenalizado el aborto, los datos más recientes muestran que 757.000 mujeres son tratadas cada año por complicaciones derivadas de abortos clandestinos solo en América Latina y el Caribe. La ausencia de reglamentos y protocolos de atención y la falta de infraestructura sanitaria para garantizar el acceso a este derecho están detrás de estas alarmantes cifras. Costa Rica es un ejemplo claro de lo que pasa cuando la excepción al delito del aborto solo lo recoge el papel.

Este país es de los pocos en Centroamérica que permite el aborto terapéutico, de acuerdo con el artículo 121 del Código Penal, pero la norma tiene más de vacío legal que de garantismo. En Costa Rica no existen guías sanitarias que indiquen al personal de salud cómo llevar a cabo la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer peligran. Este enorme hueco en la legislación lo sufrieron en 2007 y 2012 Ana y Aurora, dos mujeres que quedaron embarazadas y a cuyos fetos se les diagnosticaron malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. Pese a este diagnóstico, ambas fueron obligadas a mantener un embarazo inviable y sufrir las numerosas secuelas físicas y psicológicas de dar a luz a un feto muerto. Secuelas que se manifiestan en la actualidad con ataques de ansiedad, depresión e inhibición social. Ana decidió incluso esterilizarse en 2013, pues no concibe la idea de quedar embarazada y tener que volver a atravesar algo parecido. “Aunque exista el aborto terapéutico, en la burocracia se pierde”, explica Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.

Las familias de ambas mujeres y la entidad llevaron el caso a la CIDH, que ya admitió el caso y lo está estudiando. Pero en Costa Rica, la excepción a la norma está lejos de estar blindada. “Los derechos de las mujeres suelen ser los más frágiles”, lamenta Rosero. “Estos avances nunca son logros totales; toca seguir vigilante. Los nuestros son los primeros en tumbarse”.

https://elpais.com/america-futura/2023-03-21/cuando-las-leyes-antiaborto-matan-las-centroamericanas-que-estan-abriendo-el-camino.html