El aborto, un reflejo de la desigualdad en EE UU
A una neoyorquina de clase media le resultará infinitamente más fácil interrumpir su embarazo que a una adolescente de una remota zona rural, sin acceso a una red de salud
La amenaza del Tribunal Supremo de EE UU a las garantías constitucionales del derecho al aborto, consagrado por una histórica sentencia de 1973 (Roe vs Wade), rebasa la cuestión de género para convertirse en una cuestión de clase: de recursos o privación, según los estratos, para costear el procedimiento. Porque, como denuncian representantes políticas y activistas desde que el martes se filtrara la opinión negativa del juez Samuel Alito, legalidad no implica necesariamente acceso al aborto cuando su coste queda por encima del derecho. A una neoyorquina de clase media le resultará infinitamente más fácil interrumpir su embarazo que a una adolescente de una remota zona rural, sin acceso a una red de salud. Esa disparidad introduce una vieja dicotomía: o aborto seguro si hay recursos, o prácticas ilegales, con el subsiguiente riesgo de salud para la mujer.
Ni las profesionales liberales, ni siquiera las trabajadoras de grandes corporaciones que en muchos casos se harán cargo de los costes de un aborto -incluso si la mujer debe viajar a otro Estado, si se confirma la derogación de Roe vs Wade-, van a quedarse sin interrumpir voluntariamente su embarazo si así lo deciden. Pero la decisión de las de menos recursos, las limpiadoras, las cajeras de supermercado, las trabajadoras eventuales y precarias, pende de un hilo, por no hablar de las inmigrantes indocumentadas o las mujeres sin acceso a información confiable, así como las de poblaciones indígenas.
“Las mujeres ricas y blancas tendrán acceso al aborto sin problema. Las mujeres pobres y de color serán las grandes víctimas. Se verán obligadas a viajar a otros Estados para ejercer su derecho y carecerán de recursos para ello”, apuntaba esta semana en EL PAÍS Joshua Prager, periodista y autor de un libro sobre el caso Roe vs Wade.
La eventual confirmación del fallo restrictivo del Supremo dejaría el país geográficamente partido en dos: 33,6 millones de mujeres en riesgo de perder su derecho al aborto, frente a 30,7 millones en Estados donde este no corre peligro. La geografía desempeña también un papel clave, como demostró la casuística detrás de la despenalización del aborto en Colombia, en febrero pasado: se trata de un procedimiento que puede prolongarse semanas en el caso de mujeres fuera del circuito informativo y asistencial de las ciudades. Aunque el 54% de los abortos que se practican en EE UU son farmacológicos, la cuestión es también poder acceder a la píldora abortiva, y a qué coste.
Aproximadamente la mitad de los Estados de EE UU, concentrados en el sur, el medio oeste y los Plains, tienen leyes de aborto restrictivas que entrarán en vigor si el Supremo se ratifica en el borrador filtrado. Las mujeres con más dificultades para acceder a atención médica, a menudo de color, serán las más afectadas. Casualmente, más de la mitad de la población negra del país vive en el sur, donde afroamericanas e hispanas constituyen una proporción significativa. Los Estados de las Llanuras también tienen una gran población indígena.
Más del 80% de las mujeres que recurrieron a la ONG Access Reproductive Care-Southeast, que ofrece apoyo financiero y logístico a quienes desean abortar en la región, eran negras, sin seguro o con seguro público básico (Medicaid, para personas con bajos ingresos); alrededor del 77% ya tenía un hijo, según un estudio realizado el año pasado por la ONG sobre los datos de 10.000 solicitudes recibidas desde Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Misisipi. La clase, la geografía y el destino, además de la ideología conservadora del Tribunal Supremo, se confabulan ahora en contra de todas ellas.
(c) 2022, El País
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