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La justicia española autorizó la extradición de un médico uruguayo que será juzgado por torturas
durante la dictadura
Ocho víctimas denunciaron que Carlos Suzacq asesoraba a los militares en la capacidad de resistencia de los cuerpos a las vejaciones a las que eran sometidos.
Un tribunal español autorizó la extradición a Uruguay del médico hispano-uruguayo Carlos Suzacq, reclamado para ser juzgado por “asesorar” en torturas durante la dictadura. Este pedido se había hecho formalmente por parte de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe.
Varias víctimas del terrorismo de Estado lo identificaron como quien elaboraba las fichas médicas de los secuestrados y asesoraba a los torturadores sobre la resistencia de los cuerpos. Es decir, indicaba en qué momento se debía de detener la tortura porque el riesgo de vida de la persona era claro. Se pretende juzgarlo por delitos de lesiones y detención ilegal.
En total son ocho víctimas de la dictadura, que sufrieron torturas en uno de los centros de detención, el regimiento de Caballería Mecanizado número 6 entre 1972 y 1975, y en sus relatos denunciaban al doctor Suzacq.
Según el fiscal uruguayo especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, no son solo las personas que prestaron declaración las que habrían sido víctimas. Ya que dijo que hay testimonios de “una cuarentena de víctimas” que ubican a Suzacq en el regimiento del Ejército en que estuvieron detenidas, el denominado “Sexto de Caballería”.
España accede a extradición
Según informa EFE, y confirman medios uruguayos, en España la Audiencia Nacional “ha accedido a extraditar a Uruguay a un médico reclamado en aquel país por asesorar a los militares en interrogatorios entre 1972 y 1975″, según indicó en un comunicado esa jurisdicción a cargo de las extradiciones con sede en Madrid.
Las víctimas declaran que el médico Suzacq asesoraba a los militares sobre “cuándo parar o seguir con las torturas”, unos hechos que “serían constitutivos de los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación ilícita de libertad catalogados como de lesa humanidad”.
Suzacq, de 72 años, rechazó ser extraditado y se limitó a decir que sabía lo que había “leído” al ser preguntado sobre si tenía conocimiento de los supuestos hechos ocurridos en 1974 y 1975, durante la dictadura (1973-1985), cuando era médico en una unidad militar.
El reclamado se opuso a su entrega a Uruguay e invocó su nacionalidad española, que había adquirido por matrimonio en 1978, así como su arraigo en España desde 1977. Ese año se exilió y estableció su residencia en este país, trabajando como médico.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben
La defensa del médico alegó la prescripción de los delitos, dado que en España el delito de lesa humanidad fue introducido con posterioridad a cuando ocurrieron los hechos por los que se le reclama, así como el delito de tortura, que se introdujo en la legislación española en 2010.
El tribunal español argumenta que, al tratarse de delitos de lesa humanidad, los hechos no han prescrito, y en cuanto a la nacionalidad española, considera que no es causa para denegar la extradición, ni el hecho de haber ejercido la medicina en España.
Pese a que han transcurrido más de cuarenta años, “la naturaleza y la gravedad de los mismos, así como la evitación de que queden impunes, lleva a este tribunal a acceder a la demanda extradicional”, concluyen los magistrados.
Ante la gravedad de los hechos, consideran que se debe atender la petición de las víctimas para desentrañar, en la medida de lo posible, lo sucedido, y la presencia del reclamado se hace imprescindible en el proceso penal que se sigue en Uruguay.
En marzo de 2021, España extraditó a Uruguay a otra persona reclamada por crímenes de lesa humanidad, el coronel uruguayo Eduardo Ferro, acusado de detención ilegal, torturas y desaparición de jóvenesopositores durante la dictadura.
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