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¿Quién mató al periodista indigena Abelardo Liz? Las pruebas contra el Ejército
El 13 de agosto de 2020 el comunicador indígena murió por un disparo de fusil en medio de unos disturbios. La comunidad señala al Ejército por este crimen. Pruebas técnicas apuntan en esa dirección.
El día de su último cubrimiento periodístico, Abelardo Liz Cuetia llegó antes que todos a la emisora Nación Nasa de Corinto, en el norte del departamento de Cauca, como siempre acostumbraba.
A las ocho ya tenía la programación lista y media hora después le reportaron un desalojo que el inspector de Policía había ordenado en la finca Quebradaseca. Por eso su jefa Dora Muñoz le pidió que fuera al lugar, a tres kilómetros del pueblo, a conseguir entrevistas y testimonios. Sobre las nueve de la mañana, y ya desde el sitio, Abelardo le envió a Dora la primera grabación con un testimonio del desalojo, en el que participaban Policía y Ejército.
Era el jueves 13 de agosto de 2020 y faltaban tres horas para que una bala de fusil calibre 5.56 lo hiriera en el abdomen, quedando incrustada en la mitad de su columna después de dañarle varios órganos. Abelardo Liz Cuetia murió sobre la 1 de la tarde de aquel día, mientras lo trasladaban de urgencia a un hospital de Cali.
En otro punto de donde se producía el desalojo, al comunero Ernesto Rivera un balazo le atravesó un pulmón, matándolo casi de inmediato. Un tercer indígena que acudió a auxiliar a Abelardo también recibió un tiro en la pierna. Este hombre fue uno de los primeros testigos del crimen que consiguió ubicar la Fiscalía.
Quebradaseca es uno de los terrenos que los indígenas nasa ocupan y reclaman en la parte baja del municipio de Corinto, en lo que han llamado la “liberación de la madre tierra”. Estos predios pertenecen a hacendados y finqueros del Valle y del Cauca, que arriendan lotes a los ingenios azucareros de la región.
El operativo de desalojo estuvo acompañado por el Esmad y el Grupo de Operativos Especiales de la Policía, estos últimos portaban armas largas y rifles con miras telescópicas. Además, el perímetro montañoso era asegurado por dos pelotones del Batallón de Alta Montaña No. 8 al mando de los cabos Andrés Mancipe y Brandon Cely, quienes a su vez respondían órdenes del sargento Carlos Alberto Álvarez, presente en el sitio. Dichas unidades realizaron la tarde anterior un “movimiento pedestre y de infiltración con el personal de soldados, de acuerdo con lo ordenado por el comando del batallón”, según consta en un oficio interno de los hechos elaborado por el Ejército, con fecha de ese día. Todos portaban armas largas “aptas para disparar”, entre las que había fusiles Galil, rifles M4 y ametralladoras, según un informe reservado de Policía Judicial que pudimos conocer.
Los soldados estaban allí para disuadir posibles ataques de las disidencias de las Farc durante el desalojo. Así lo declararon en la investigación interna del Batallón. Pero el operativo derivó en un enfrentamiento sin control a media mañana, cuando el Esmad arremetió contra los cambuches y cultivos de los indígenas que ocupaban la finca, incluso destruyendo un puesto de control sanitario contra el covid-19 que estos mantenían sobre la vía, a la entrada de su resguardo. Cientos de indígenas comenzaron a bajar desde las montañas y veredas cercanas para repeler a los policías y en algún momento hubo más de 500 personas con palos, machetes y piedras oponiéndose al desalojo.
Abelardo Liz alcanzó a registrar esos disturbios con la cámara de marca Panasonic que horas antes le había entregado su colega William Mosquera en la emisora. La Panasonic era tan grande que muchos de los testigos la recuerdan, incluso uno de los soldados involucrados.
Abelardo también grabó el momento en que ambos pelotones salieron de la montaña a las 12:09 del mediodía, cruzando la carretera para mezclarse con los manifestantes, quienes intentaron rodearlos y quitarles sus armas, de acuerdo con la declaración de los soldados Yomar Andrés Palacio, Davidson Chávez y Leonel García.
Es cierto que en ese forcejeo algunos indígenas agredieron a los soldados, pues García recibió un machetazo en un hombro y Chávez sufrió una quemadura en el muslo por la explosión de una ‘papa-bomba’.
Pero también es cierto que la respuesta de los militares fue abrir fuego contra la multitud con ráfagas de fusil, como queda probado en los videos de la jornada y en las declaraciones de dos testigos de los hechos que rindieron su versión ante la Fiscalía. Cinco testigos más lo corroboraron en una diligencia de la Policía Judicial realizada el pasado 12 y 13 de mayo, con acompañamiento de la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip), organización que se apersonó del caso.
La versión que rindieron los uniformados en la investigación interna es diferente: todos aseguran que se trató de un hostigamiento de las disidencias y que ellos solo dispararon hacia la montaña, dando a entender que la bala que mató a Abelardo provino del otro lado. “Esta situación desencadenó la reacción de la tropa, por lo que se generó un combate sin afectación a la población civil y al personal militar”, sostuvo el Comando Específico del Cauca en un comunicado.
Nuevas pruebas técnicas
No obstante, las pruebas técnicas los contradicen. Colombia+20 conoció un informe pericial que demuestra cómo las diez vainillas calibre 5.56 recolectadas por los investigadores en el lugar de los hechos salieron de algunas de las 27 armas que llevaban los soldados. Además, el proyectil recuperado del cuerpo de Abelardo coincide con el tipo de munición de esas vainillas.
Justo en este punto la investigación se estancó desde 2020, pues según el informe de los peritos “el proyectil incriminado no presenta suficientes microrayaduras” y eso “significa que no es factible determinar si el mismo fue o no disparado con alguna de las armas en mención”.
Un investigador forense consultado dijo que aquello no es frecuente, aunque suele ocurrir cuando los proyectiles se rompen o deforman con el impacto, lo que sucedió en este caso.
Para subsanarlo, la representación de las víctimas en el proceso solicitó una reconstrucción de los hechos, que sólo pudo realizarse el pasado 13 de junio. Esta nueva prueba técnica, de acuerdo con la abogada Ángela Daniela Caro, quien representa a la familia de Liz, permite establecer que no existió ningún hostigamiento de las disidencias y el disparo no salió de la montaña, sino del lugar donde estaban los soldados.
Ivonne Tatiana Camargo estaba a seis metros de Abelardo. Oculta tras una piedra sentía silbar las balas cuando lo vio caer. “Me dieron, me dieron”, se escucha en el registro de la cámara mientras Abelardo se desploma todavía grabando.
Ivonne continuó la filmación y luego se fue con él atrás en la camioneta con la que consiguieron sacar a los heridos, pues la misión médica estaba retenida por la policía. “Él pedía agua, nada más”, recordó Ivonne en su testimonio.
Esto lo confirmaron varios testigos en el proceso: “nos encontramos con el Esmad y ellos no nos dejaron pasar. Nosotros les dijimos a los integrantes del Esmad que íbamos a prestar un servicio humanitario porque había unos heridos, entonces ellos más bien nos respondieron que esos hp se murieran”, dijo un hombre que viajaba en un vehículo asignado de la Unidad Nacional de Protección que no pudo llegar al lugar y fue averiado por los policías.
Dos asesores jurídicos del Ejército, enterados del caso, declinaron pronunciarse, pues no están autorizados para dar declaraciones. No obstante, un encargado de prensa de la institución contó que por ahora la investigación la lleva la Fiscalía 5 de Santander de Quilichao y hasta el momento no se han compulsado copias al Batallón No. 8 con las pruebas que podrían incriminar a los soldados presuntamente responsables. En efecto, el caso ha avanzado poco y ni siquiera hay una imputación, aunque la Fiscalía tiene desde el 2020 el listado completo de los uniformados que participaron del operativo y ya individualizó sus armas.
Parte de la puja que el equipo jurídico de la Flip ha dado es que se reconozca que el crimen fue contra un comunicador indígena. Sin embargo, la Fiscalía descartó esta hipótesis, o así se deduce de un oficio que le envió el 3 de noviembre de 2020 a Jonathan Bock, director de la Flip, asegurando que no existían indicios de que los móviles del crimen tuvieran relación “con la labor que ejercía” como comunicador.
Daniel Chaparro, asesor de la Flip, asegura que este caso hace parte de “la cara más hostil contra la prensa, que son los asesinatos”, un legado que, según esa organización, dejó el gobierno de Iván Duque: cinco periodistas fueron asesinados y 750 recibieron amenazas durante su presidencia.
La abogada Caro insiste en que es fundamental “que el Estado reconozca la importancia de los comunicadores indígenas: Abelardo no solamente era periodista, sino que era indígena, su papel era fundamental para el desarrollo de estas comunidades. Esto afectó al medio de comunicación de una manera colectiva”, y en ese sentido la Flip instauró una demanda de tipo administrativo, que le exige al Estado “lineamientos específicos de protección” para los comunicadores indígenas.
Abelardo Liz, el hijo de Joquina Cuetia, tenía un programa de música y agroecología llamado El despertar de mi pueblo, que se emitía desde las seis de la mañana. Llevaba diez años ejerciendo el periodismo, le encantaba el fútbol y siempre se le cruzaba una sonrisa por el rostro. Fueron sus colegas de la emisora los que cubrieron la marcha el día de su entierro en las montañas de Corinto. “No es el primero que cae”, decía la cartelera pegada al frente del ataúd: “sus palabras seguirán germinando resistencia”.
(c) 2022, El Espectador
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