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Rosita: 4.934 noches en una cárcel de El Salvador por perder un bebé durante el parto
Desde 2009, 70 mujeres han sido liberadas de penas por interrupciones voluntarias o no del embarazo; aún quedan seis entre rejas. El país centroamericano condena la práctica con hasta 50 años
Rosita tenía 23 años cuando pidió ayuda por primera vez. En junio de 2009, buscó atención médica por una emergencia obstétrica en una comunidad rural y empobrecida de El Salvador. Meses antes, acudió a los tribunales a denunciar la violación por la que había quedado embarazada. La respuesta del Estado fue su detención por “homicidio agravado”, tras perder al recién nacido en el parto. Hace una semana, ya con 36 años, obtuvo la libertad condicional después de 13 años y medio entre rejas. Fueron 4.934 noches desde su detención. El precio de esa excarcelación son cuatro condiciones: no salir del país, vivir con sus padres, una visita trimestral a los juzgados y otra semanal a la iglesia evangélica de su comunidad. Desde 2009, otras 69 mujeres han podido salir de prisión con requisitos similares. Aún quedan dos con condena firme y otras cuatro en procesos jurídicos.
A Rosita (nombre ficticio) la condenaron a 30 años de prisión. La joven apeló. Pedía, al menos, una redención de pena; un derecho que tienen los ciudadanos privados de libertad en el que se permite una rebaja de condena tras cumplir ciertos requisitos. Empezó con servicios en la prisión que conmutaban un día de trabajo por dos de libertad. Se zafó así de diez años. “Pero le robaron una época preciosa. Le cortaron la vida y la juventud”, explica por teléfono Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, “la vida de estas mujeres y sus expectativas quedan marcadas por siempre”. Las condiciones son, además, un mensaje claro: la emergencia obstétrica es un delito. “Se las libera por haber cumplido parte del ‘castigo’, no porque los jueces reconozcan que nunca se las debió criminalizar”.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto acompaña a mujeres en situaciones similares y trabaja para que El Salvador deje de ser de los países más restrictivos frente al derecho al aborto del mundo. En el país centroamericano, desde 1998, las mujeres que interrumpen voluntaria o involuntariamente el embarazo, son consideradas homicidas. En la calle les dicen “las mataniños”. Y reciben penas de hasta medio siglo de cárcel y un estigma infinito.
Entre 2000 y 2019, se identificaron 181 casos de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por abortar o por el delito de homicidio agravado. Las organizaciones feministas luchan por que la liberación de estas mujeres sea por revisión de sentencia, en la que el juez reconozca que el fallo anterior estaba equivocado y que, por tanto, se anulen los antecedentes penales. Solo se han logrado tres casos así. “Llega un momento en el que las mujeres a las que visito en la cárcel me dicen que ya no les importa cómo salgan de ahí. Solo me piden que las saque. Con o sin antecedentes”, cuenta Herrera.
Rosita prefiere no hablar. Dicen quienes la conocen que “aún no está preparada”. También teme volver a ser privada de su libertad por “contar de más”. Abigail Cortez, coordinadora del equipo jurídico de la Agrupación y la abogada que llevó el caso de la joven, narra por teléfono que cuando salió de la cárcel le dijo que “ni ella ni ninguna mujer debería de pasar por lo que pasó”. “A Rosita la denunció un vecino, y durante el juicio se cometieron muchas irregularidades fruto de una persecución sistemática de las instituciones a las mujeres”, narra. “Las salvadoreñas que se ven envueltas en casos como este se enfrentan a verdaderas aberraciones”.
Una de las consecuencias más graves de la penalización total del aborto es que una mujer embarazada se piense dos veces si ir o no al médico, por miedo a que alguna complicación durante el parto o la gestación las encierre en prisión. Otra, es la falta de confianza en los tribunales. “Los mismos jueces que condenan a estas mujeres a 30 y 50 años, son los que luego absuelven a los hombres que las violan”, lamenta Herrera en alusión al agresor de Rosita, quien huyó a Estados Unidos cuando la joven lo denunció por violación y que, tras ser capturado por otro delito en el exterior, fue deportado y liberado tras un juicio rápido.
“Siempre fue inocente”
Como suele pasar en las luchas feministas, otra mujer antes allanó el camino. En el caso de Rosita, fue Manuela. Una mujer pobre y analfabeta que padeció un cáncer linfático sin saberlo y que en febrero de 2008 perdió al hijo que esperaba en un parto intempestivo en la letrina de su casa. Denunciada por el personal médico del hospital al que llegó de urgencia, fue interrogada sin la presencia de un abogado, esposada a la camilla y condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado. A la madre, testigo de la violencia de los sanitarios, no la dejaron testificar y al padre, que no sabía leer ni escribir, le hicieron firmar con su huella un documento en el que culpaba a su hija. Manuela murió un año después en prisión y dejó huérfanos a sus dos hijos, de siete y nueve años.
Dos años después de su muerte, el Centro de Derechos Reproductivos escaló su caso a la Comisión de Derechos Humanos y en 2021 lograron que la Corte responsabilizara al Estado salvadoreño de las violaciones de derechos humanos que sufrió la joven que entonces tenía 30 años. La sentencia exigía unas medidas de reparación individual a los familiares y otras garantías de no repetición inéditas en el país. Sin embargo, según Carmen Cecilia Martínez, directora de estrategias legales para la región de la entidad, “falta mucho de todo”. “Queda aún pendiente la regulación del secreto profesional médico y la adaptación de protocolos y guías para atender estas emergencias. Tampoco se han reconocido las conclusiones de la Corte IDH ni se ha avanzado en los manuales de educación sexual integral”, explica. “Pero es un primer paso enorme. Lo que hace de este un caso emblemático es que los tribunales reconocen que Manuela siempre fue inocente”.
El 1 de diciembre, El Salvador tenía que rendir cuentas a la Corte IDH sobre avances en materia de estas exigencias, pero los tribunales le concedieron una prórroga hasta finales de mes.
Para las mujeres víctimas de la criminalización y para quienes defienden sus casos, los ojos están puestos en marzo, en la audiencia de Beatriz, otra joven a quien negaron una interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que este ponía en riesgo su vida y la del bebé, que falleció cinco horas después de nacer. Abortar hubiera sido la recomendación de cualquier doctor fuera de El Salvador. Martínez se muestra esperanzada con que la sentencia agriete otro poco más la estricta legislación: “Si Manuela abrió la puerta a que se pare de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas, con el caso de Beatriz, la Corte tiene la oportunidad única de sentar jurisprudencia para que el aborto como servicio esencial de salud esté disponible siempre para las mujeres”.
(c) 2022, El País
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